Por orden judicial Metroagua deberá devolver las redes públicas de acueducto y alcantarillado a Santa Marta

El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta acaba de decretar medidas cautelares de urgencia en contra de la empresa privada Metroagua. La medida ordena que dicha empresa devuelva las redes de acueducto y alcantarillado a la ciudad de Santa Marta, redes que viene operando pésimamente y que tiene a esta ciudad turística en una crisis de salud, económica y ambiental.

La solicitud de medidas cautelares, la cual fue radicada en dicho juzgado por el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, y respaldada por más de 230.000 samarios, quienes firmaron para apoyar la demanda, obliga a Metroagua a sentarse con funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta para iniciar el empalme y la entrega de la infraestructura, que, entre otras cosas, le pertenece a la administración de la ciudad.

El martes 7 de febrero el exalcalde Caicedo en compañía de la ciudadanía de Santa Marta entregó ante el juzgado un poco más 230.000 firmas que respaldaban la petición de medidas cautelares que hoy llega a feliz término para las familias samarias. Esta semana también hubo una manifestación popular en la que más de 25.000 personas salieron a las calles de Santa Marta a rechazar el mal servicio que presta esta empresa en Santa Marta.

En su decisión, el juzgado ordenó “entregar a la fecha de terminación estipulada en el contrato de arrendamiento, esto es el 17 de abril de 2017, toda la infraestructura -bienes muebles e inmuebles de propiedad del Distrito de Santa Marta que fueron entregados en arriendo a dicha sociedad-”.

Esta primera orden es un gran alivio para la ciudad, puesto que Metroagua exigía como condición para entregar las redes el pago de 58.000 millones de pesos. Además, sin esta orden estaba en vilo la prestación de los servicios a partir del 18 de abril de 2017.

Como se recordará, la retoma de la prestación de los servicios de acueducto en la ciudad, por parte de la Administración actual, estaba en vilo por cuenta de una estipulación contractual pactada en septiembre de 2002 entre la Alcaldía y Metroagua.

Esta cláusula le daba a Metroagua el derecho a retener las redes de acueducto y alcantarillado hasta tanto el Distrito no pagará la totalidad de las inversiones efectuadas por la empresa operadora, propiedad del Grupo Español Inassa.

Incluso, esa misma cláusula, autorizaba a Metroagua, para que siguiera explotando bienes públicos y prestando los servicios, hasta tanto la Alcaldía no pagara la indemnización, qué según las propias declaraciones del gerente de la empresa, Luis José Londoño, ascienden a 58.000 millones de pesos.

La segunda decisión importante es que el juzgado también ordenó que en un término máximo de diez días Metroagua le entregue al Distrito de Santa Marta toda la información actualizada de todos los bienes muebles e inmuebles que están destinados para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta. Este es otro espaldarazo para la Alcaldía puesto que desde la administración pasada Metroagua se había negado a reportar y entregar información a la Alcaldía de Santa Marta.

Metroagua, filial de la empresa española Inassa, tenía en su poder desde el año 1.991 las redes de acueducto y alcantarillado de Santa Marta bajo la modalidad de arriendo amparados en un extraño contrato en el que se quedaban con el recaudo, no tenían responsabilidad de invertir en infraestructura y por si fuera poco, estaban exonerados de pagar por la tenencia de las redes.

“Con esta decisión se despeja el camino para que los ciudadanos de Santa Marta, luego de casi tres décadas siendo víctimas de un pésimo servicio de agua y alcantarillado, sean tratados con dignidad”, sostuvo Caicedo, quien resaltó la importancia de esta acción popular, pues se está dejando en precedente histórico en defensa de los ciudadanos.

Y es que la situación de Santa Marta en cuanto a los servicios de acueducto y alcantarillado es grave. El 17% de la población no está conectada a las redes de acueducto y el 24% de los hogares no tiene conexión al acueducto sanitario. Esto ha generado una crisis de salud, sobre todo, entre la población menor de 5 años.

“Empresa de servicios, bien sea pública o privada, que preste un mal servicio, la paga. Se hizo justicia, Metroagua e Inassa pensaron que podían hacer de las suyas, pero la voz de los ciudadanos los está poniendo en su sitio”, agregó el ex alcalde, quien ha venido denunciando penalmente las irregularidades de Metroagua desde el 2015, año en el que se desempeñaba como alcalde de Santa Marta.

 

 

 

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